Fuente: BOE
La Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
Adjuntamos enlace a la orden

Fuente: Deloitte Legal 
El Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de fecha 26 de febrero de 2018, realiza una interpretación del régimen legal sobre la remuneración de los consejeros ejecutivos, en sociedades no cotizadas, contraria a la tesis mantenida por la Dirección General de los Registros y del Notariado en su resolución de fecha 17 de junio de 2016 y por un sector muy relevante de la doctrina científica.
El Tribunal Supremo sostiene que la referencia que la vigente Ley de Sociedades de Capital realiza a la remuneración de los administradores “en su condición de tales” comprende tanto la percibida por las funciones deliberativas como las ejecutivas. En consecuencia, el régimen aplicable a estos consejeros no se limita a la exigencia de un contrato aprobado por una mayoría de dos tercios por el propio consejo (art. 249 de la Ley de Sociedades de Capital), sino que, además, (a) los estatutos deben contener el sistema de remuneración que perciban por el ejercicio de tales facultades y (b) la junta general deberá incluir dicha remuneración dentro de la cantidad máxima anual aprobada para el conjunto de los administradores (artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital).
Si bien se trata de la primera sentencia del Alto Tribunal en este sentido, cabe pensar que este criterio interpretativo sea el que se imponga en adelante, no solo por los Registros Mercantiles a la hora de calificar las correspondientes cláusulas estatutarias de las sociedades (incluso a las presentadas y que estén pendientes de inscripción), sino también por las autoridades fiscales.
En cualquier caso, conviene analizar cada supuesto concreto y proceder de la forma más cauta posible, asegurando la conformidad registral de las cláusulas estatutarias, y garantizando el estricto cumplimiento tanto de las normas de buen gobierno como las de carácter fiscal.

Fuente: Swift
En 2017, SWIFT publicó un conjunto de controles de seguridad de base que todos los usuarios deben implementar en su infraestructura local relacionada con SWIFT. Estos controles reflejan las buenas prácticas de seguridad y deben aplicarse también más allá de la infraestructura relacionada con SWIFT en la cadena de transacciones más amplio de extremo a extremo. Los controles están destinados a ayudar a los clientes a proteger sus entornos locales y reforzar la seguridad de la comunidad financiera mundial.

Según lo publicado por SWIFT a 31 de diciembre de 2017, el 89% de los clientes certificaron su nivel de cumplimiento con  el cliente marco de seguridad (CSP) e indican que el número de certificaciones sigue creciendo. Cabe reseñar que SWIFT se reserva el derecho a informar a los supervisores financieros si las entidades financieras no han atestiguado su certificación.
Los controles a implementar se articulan en torno a tres principios: 

• Proteger el entorno.
• Saber y limitar el acceso.
• Detectar y responder.

Los controles se han desarrollado sobre un análisis basado en la más reciente amenaza cibernética y en conjunción con un plantel de expertos de la industria. Las definiciones de control también están diseñados para estar alineadas con los estándares de la industria de seguridad de la información existente.
Les adjuntamos enlace a su ultima publicación sobre las preguntas más frecuentes (FAQs)

Fuente: Deloitte Legal
​Os informamos que, con fecha de hoy, se han publicado en el DOUE los siguientes Reglamentos que complementan la Directiva 2014/92 sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas:

• Reglamento Delegado 2018/32, por el que se complementa la Directiva 2014/92 en lo que respecta a las Normas Técnicas de Regulación (RTS) de una terminología normalizada de la Unión aplicable a los servicios más representativos asociados a una cuenta de pago:
  • Debe establecerse una terminología normalizada de la Unión aplicable a los servicios que sean comunes al menos a una mayoría de Estados miembros.
  • Las definiciones deben formularse, en la medida de lo posible, de un modo que aclare el papel del proveedor de la cuenta como proveedor de los servicios asociados a la cuenta de pago.
  • El anexo del Reglamento presenta los términos y definiciones normalizados de la Unión para los servicios asociados a una cuenta de pago comunes al menos a una mayoría de Estados miembros.
• Reglamento de Ejecución 2018/33, por el que se establecen Normas Técnicas de Ejecución (ITS) respecto del formato de presentación normalizado del estado de comisiones y su símbolo común, de conformidad con la Directiva 2014/92:
  • A fin de garantizar que el estado de comisiones se ajuste a los objetivos de la Directiva 2014/92, y al mismo tiempo proporcione al consumidor toda la información pertinente, de manera que mejore la comparabilidad y la transparencia, los proveedores de servicios de pago deben utilizar una plantilla normalizada para dicho documento.
  • En este contexto el Reglamento desarrolla los siguientes aspectos:
    • Plantilla para el estado de comisiones y su símbolo común;
    • Símbolo común y logotipo del proveedor de servicios de pago;
    • Nombre y datos de contacto del proveedor de la cuenta;
    • Nombre y datos de contacto del titular de la cuenta de pago;
    • Nombre e identificación de la cuenta;
    • Período natural;
    • Fecha;
    • Declaración introductoria;
    • Resumen de comisiones e intereses;
    • Estado detallado de las comisiones cobradas en la cuenta;
    • Presentación de tipos de comisión;
    • Presentación de los paquetes de servicios cobrados como parte de las comisiones incluidas en la subrúbrica «Servicios generales de la cuenta»;
    • Presentación de los paquetes de servicios asociados a una cuenta de pago cobrados por separado de las comisiones incluidas en la subrúbrica «Servicios generales de la cuenta»;
      • Detalle de los intereses cargados a la cuenta;
      • Detalle de los intereses abonados a la cuenta;
      • Información complementaria;
      • Marcas comerciales;
      • Uso de medios electrónicos;

 

• Reglamento de Ejecución 2018/34 por el que se establecen normas técnicas de ejecución respecto del formato de presentación normalizado del documento informativo de las comisiones y su símbolo común, de conformidad con la Directiva 2014/92:
  • A fin de garantizar que el documento informativo de las comisiones se ajuste a los objetivos de la Directiva 2014/92, y al mismo tiempo proporcione al consumidor toda la información pertinente, de manera que mejore la comparabilidad y la transparencia, los proveedores de servicios de pago deben utilizar una plantilla normalizada para dicho documento y disponer de instrucciones claras para completarlo.
  • En este contexto, el Reglamento de Ejecución establece los siguientes aspectos:
    • Plantilla para el documento informativo de las comisiones y su símbolo común;
    • Símbolo común y logotipo del proveedor de servicios de pago;
    • Nombre del proveedor de la cuenta;
    • Nombre de la cuenta;
    • Fecha;
    • Declaración introductoria;
    • Cuadro de «servicios y comisiones»;
    • Presentación de los paquetes de servicios cobrados como parte de las comisiones incluidas en la subrúbrica «Servicios generales de la cuenta»;
    • Presentación de los paquetes de servicios cobrados por separado de las comisiones incluidas en la subrúbrica «Servicios generales de la cuenta»;
    • Cuadro sobre las comisiones adicionales por servicios que excedan de la cantidad cubierta por paquetes de servicios asociados a una cuenta de pago;
    • Indicador de costes totales;
    • Marcas comerciales;
    • Uso de medios electrónicos.

Los Reglamentos entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y serán obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en cada Estado miembro.

En lo relativo a España, les recordamos que el pasado 24 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2017 de cuentas de pago básicas, traslado de cuentas y comparabilidad de comisiones que incorpora al ordenamiento jurídico español el régimen previsto en la citada Directiva 2014/92, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas.
Reglamento Delegado 2018/32
Reglamento Delegado 2018/33
Reglamento Delegado 2018/34

Fuente: Deloitte Legal
El pasado 29 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del mercado de valores (en adelante, “el Real Decreto-ley”), publicado en el BOE el 30 de diciembre y, cuya entrada en vigor tendrá lugar el próximo 3 de enero de 2018.
Con la publicación de este texto se incorporan a derecho nacional determinados aspectos de la normativa MiFID II, relacionados con los centros de negociación, que resultan necesarios para dotar a las entidades financieras, operadores del mercado y, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de las garantías legales para que operen conforme a MiFID II con todas las consecuencias jurídicas que ello implica, en un entorno de mercado único.
La razón de adelantar la transposición de estas cuestiones y, por tanto, el motivo por el que se justifica la urgente y extraordinaria necesidad de este Real Decreto-ley, no es otra que evitar un perjuicio a los emisores de títulos españoles respecto al resto de emisores europeos, debido a que podría haber existido el riesgo de que los intermediarios financieros no aceptaran la negociación de títulos en la bolsa española o en los mercados españoles de bonos, al no estar transpuesta la Directiva MiFID II al ordenamiento jurídico español.
Al margen de los aspectos relativos a los centros de negociación que han quedado cubiertos con este Real Decreto-ley, la normativa MiFID II ya se encuentra actualmente en proceso transposición mediante la tramitación parlamentaria del Anteproyecto de Ley XX/2017, de...de..., del mercado de valores y el Proyecto de Real Decreto de adaptación reglamentaria a la ley del mercado de valores.
En cuanto al contenido del Real Decreto-ley, el texto se divide en cuatro títulos:

• Mercados regulados: se recogen disposiciones relativas a la autorización de los mercados regulados (los que hoy se conocen como mercados secundarios oficiales), el régimen jurídico de sus organismos rectores, la negociación y el acceso a los mismos.
• Sistemas multilaterales de negociación (SMN) y Sistema Organizado de Contratación (SOC): se regula la creación así como los requisitos de organización y funcionamiento de los SMN y SOC.
• Otras disposiciones que afectan a los centros de negociación: se prevén, entre otras, las medidas preventivas que la CNMV podrá adoptar cuando España sea Estado miembro de acogida de un mercado regulado, un SMN o un SOC y se tengan motivos claros y demostrables para creer que se están infringiendo las obligaciones derivadas de las disposiciones adoptadas en virtud de MiFID II.
• Régimen de infracciones y sanciones: contempla la tipificación de las infracciones muy graves y graves, en materia de centros de negociación, y se establecen sus correspondientes sanciones. Se eleva el límite máximo de las sanciones pecuniarias de acuerdo con lo establecido en la Directiva MiFID II.

Adjuntamos el texto de referencia y la Nota de Prensa correspondiente:
Real Decreto Ley 21/2017
Nota de prensa